ATH-ELE: “El desmantelamiento de los derechos sociales se apoya en el desprecio patriarcal al trabajo doméstico y de cuidado, lo que permite que los recorte lleguen más lejos”.

El último día del año, mediante la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 29/2012 de 28 de diciembre, el PP consumó su decisión de dejar al margen del sistema de seguridad social el grueso del empleo doméstico. El RD tenía otras medidas que han tenido amplio eco en los medios de comunicación: fijaba las cuantías de las pensiones mínimas para 2013, que sólo suben un 2%. En ese mismo porcentaje suben las demás pensiones inferiores a los 1000 € mensuales. Las restantes se incrementan el 1%.  En ambos casos, se aplica la subida sin la previa revalorización de la pensión de 2012 según el IPC interanual a noviembre de 2012. Este un derecho que el PP ha suspendido y que hubiese exigido un incremento del 2,9% en las pensiones del 2012, con efectos retroactivos a enero de 2012. En consecuencia, las personas pensionistas no cobran los atrasos correspondientes a la pérdida oficial del poder adquisitivo de su pensión durante el año pasado, y además consolidan esta pérdida en las pensiones futuras.

La medida tomada en el empleo de hogar consiste en echar atrás la disposición de la Ley 27/2011, aprobada durante el gobierno de Zapatero, según la que la parte empleadora estaba en todos los casos obligada a dar de alta y cotizar a la seguridad social desde la primera hora de trabajo.  El Real Decreto que impone la reforma es de 28 de diciembre y se denomina ni más ni menos que “de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social”, lo que pondría en bandeja un chiste fácil si no fuese porque la nueva regulación es un paso atrás de consecuencias gravísimas.

 

A partir del 1 de enero de 2013, en la prestación de servicios inferior a 60 horas mensuales, es la trabajadora quien está obligada a darse de alta y cotizar a la Seguridad Social. Ella será la responsable de abonar la cuota entera a la seguridad social, y la obligación del empleador consistirá en pagarle junto con el salario la aportación patronal a dicha cuota. Si la trabajadora no cumple su obligación de cotizar, y genera una deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, el empleador no tiene ninguna responsabilidad en el caso de que pueda demostrar que pagó la cuota patronal con el salario. Si no la pagó, su responsabilidad es subsidiaria. Esto significa que la Tesorería de la Seguridad Social no le reclamará el pago de las cuotas patronales impagadas hasta haber ejecutado toda la deuda sobre los bienes de la trabajadora, y sólo se volverá contra la parte empleadora en el caso de que los bienes de la trabajadora no hayan sido suficientes para cobrar, insisto, toda la deuda.

 

La nueva norma es un modelo de la actuación del PP en relación con el desmantelamiento de los derechos sociales. En la base del derecho del trabajo está el reconocimiento de que las partes no están en igualdad de posición de fuerza al contratar, por lo que decir “las partes acordarán” suele ser un eufemismo insultante y más en el contexto de una relación individual de trabajo. De tal forma que, cuando el RDLey 29/2012 dice que las partes pueden acordar desplazar la obligación de alta y cotización a la empleada de hogar que realiza menos de 60 horas, está indicando a los empleadores que son libres de hacerlo. Por cierto, que el traspaso de la responsabilidad podrá afectar también a quienes hoy día ya están de alta y cotizando por menos de 60 horas por cuenta de los empleadores.

 

En el empleo de hogar, de acuerdo con la Estadística de Presupuestos Familiares del INE para 2009, la única publicada con este dato, el 78,28% de los contratos de trabajo doméstico son de 10 o menos horas semanales.  Únicamente el 8,25% de los contratos son a tiempo completo.  Así que la reforma no busca mejorar la protección social de las trabajadoras de hogar sino regresar a la situación anterior a la integración en el Régimen General, con un volumen extraordinario de economía sumergida. Por supuesto, la experiencia del 2012 no fue un éxito rotundo; muchas trabajadoras quedaron sin dar de alta en el nuevo Régimen cuando terminó el plazo de integración el 30 de junio de 2012. Parte de la responsabilidad fue del gobierno del PP, que asistió pasivamente a la situación con la idea previa de que había que volver al sistema anterior.

 

La vuelta a la cotización a cargo de la trabajadora le coloca ahora en una situación más difícil que la que tenía en el desaparecido Régimen Especial, en un aspecto importante. Antes, quien denunciaba a su empleador ante la Seguridad Social quizá no pudiese demostrar las horas de trabajo que le hacían acreedora del derecho al alta (20 a la semana), pero al menos no tenía miedo a que la denuncia se volviese en su contra, resultando obligada a pagar ella todas las cuotas desde la primera hora. Esta obligación de cotizar siempre,  que ha sido un avance, puede ser un obstáculo en un sector en el que casi nunca hay contrato escrito, y que cuando existe no suele reflejar las verdaderas condiciones: las trabajadoras tendrán un nuevo elemento de presión para callar, salvo que tengan buena prueba de que su jornada era superior a las 60 horas. Lo que se busca, sin duda, es eliminar cotizantes a tiempo parcial que puedan convertirse en demandantes de futuras prestaciones. Es muy simple. No estás de alta, no existes. Cotizar era tu responsabilidad, después no reclames.

 

También se han reformado las bases de cotización de las empleadas de hogar en una dirección que no las aproxima sino las aleja del Régimen General. Por una parte, se eleva la mínima desde los 90,20 del año 2012 fijándola en 147,86 €, con lo que en trabajos de pocas horas la base puede ser superior al salario realmente percibido. Por otra, la base máxima de 2012, que era de 748,20 €, y no permitía cotizar por sus verdaderos salarios a quienes ganan más (por ejemplo, todas las internas) se eleva a 790,65 €, pero hasta el año 2018 se prevé que sólo se incrementará de acuerdo con lo que suba el salario mínimo. Esta medida es un grave recorte, porque según la ley de integración en el Régimen General estaba previsto que los topes máximos de cotización se elevasen mucho más rápidamente, lo que hubiese supuesto acercar las prestaciones de seguridad social a los salarios percibidos en activo.

 

La reforma del PSOE del empleo doméstico tenía muchas deficiencias y se hizo al final de la legislatura, dejando al PP la responsabilidad de implantarla. Así, al PP se le puso muy fácil hacer un balance precipitado e interesado sobre el fracaso de la integración en el Régimen General y se le ha facilitado la vuelta atrás. La última reforma en la seguridad social del empleo de hogar entra en la ola general de rebaja de derechos para la clase trabajadora, pero tiene su propia especificidad: se apoya en el desprecio patriarcal al trabajo doméstico y de cuidado, lo que permite que los recortes lleguen más lejos.  La durísima reducción de prestaciones de la Ley de Dependencia es otra muestra de que la posición respecto al empleo de hogar, el cuidado y los derechos de las mujeres, navegan juntos.

ATH-ELE. Asociación de trabajadoras del hogar de Bizkaia.

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